Partidocracia Mexicana
Hace casi un año, el ex canciller Jorge Castañeda
condujo ante los ojos de la opinión pública un tema que, por su
naturaleza, incidía en el escenario electoral del 2006, a saber:
las candidaturas independientes. Muy probablemente la premura
de la elección Presidencial fue la principal razón para que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechara la constitucionalidad
de las candidaturas Independientes, aún cuando existió la recomendación
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tomar “medidas
cautelares” para hacer válido el derecho constitucional a “votar
y ser votado” de Jorge Castañeda.
Hoy, bajo el mismo argumento, la SCJN ha validado el procedimiento
de las candidaturas independientes para el Estado de Yucatán.
Esta vez, sin ningún tipo de presión electoral, los magistrados
de la Corte discutieron el mismo asunto y se logró –aunque no
por unanimidad- aprobar este tipo de candidaturas. El marcó jurídico
mexicano establece que todo mexicano tendrá derecho a ser votado
siempre y cuando sea postulado por un partido. De esta manera,
son los partidos políticos monopolizadores del proceso electoral
pues sólo ellos deciden quien puede ser candidato.
Es ahora cuando estamos obligados al análisis y la discusión del
sistema de partidos en México. El clamor por un candidato ajeno
a los Partido Políticos, sólo puede significar una cosa: La inminente
erosión del sistema de partidos en México.
Los partidos Políticos nacieron con el objetivo de agregar las
demandas ciudadanas, designar a un candidato y que, a través del
voto de la mayoría del electorado, fuera electo nuestro representante
y así resolver las demandas planteadas inicialmente. Sin embargo,
los partidos mexicanos contemporáneos están muy lejos de ser un
instrumento de agregación de preferencias y demandas. Se han convertido
en maquinarias electorales que a través de redes clientelistas
buscan a toda costa el poder. Los partidos han olvidado la razón
por la que fueron instituidos, y se transformaron en eficaces
maquinarias de poder.
Sin embargo, tomarlos como meras maquinarias electorales sería
un tanto ingenuo pues los partidos políticos mexicanos se han
convertido en algo más complejo. Los partidos, por su función,
son entidades del Estado en el proceso de representación. Me explico:
Los partidos, al ser el único canal de acceso al poder tienen
la capacidad de coerción sobre todos aquellos que pudieron arribar
a un puesto de elección popular –cámara de diputados y senadores-.
En este sentido, los partidos políticos dejaron de ser meros sujetos
del proceso electoral, para convertirse en sujetos del proceso
parlamentario, pues tienen la capacidad de organizar a la cámara
a través de facciones partidistas; forman bloques entre partidos
y en esa dinámica se mantienen en la toma de sus decisiones. Por
lo tanto, los diputados y senadores ejercen la toma de decisiones
en función de lo que diga “papá” partido.
Los partidos, jurídicamente, se establecen como entidades de interés
público; y como tales deben de ser reguladas. Sin embargo, las
instituciones del Estado han dejado a los partidos instituirse
en una suerte de ficha libre dentro del juego democrático. Fichas
que mandan en el congreso y por ende en el proceso legislativo.
Los partidos, al igual que los monopolios, han adquirido el poder
necesario para ordenar a sus facciones legislativas qué iniciativas
o reformas deben pasar por el congreso, aún en detrimento del
interés público, pero siempre cuidando sus intereses. Partidocracia
mexicana en la forma real con la que debemos referirnos a nuestro
desgastado sistema político y de partidos.
Entonces ¿Cuál es la mejor vía para hacer de los partidos políticos
verdaderos agregadores de demandas sociales? ¿Cuáles son los incentivos
y mecanismos de coerción ciudadanos para obligar a los partidos
que hagan aquello por lo que han sido instituidos? La respuesta
es simple: La única manera de acabar con la Partidocracia mexicana
es a través del control y la regulación, es el único camino para
hacerlos eficientes. Se trata de regulación interna (financiamiento
de precampañas, actos anticipados de campañas, procesos internos
de selección) y externa (creación de partidos, tiempo de campañas,
financiamiento).
En este sentido, las candidaturas independientes bien reguladas
pudieran ser un efectivo mecanismo de rendición de cuentas para
lo partidos. Y así, en la medida en que lo ciudadanos a través
de nuestro voto castiguemos al sistema de partidos, éstos tendrán
los incentivos de trabajar mejor, de regularse y sobre todo de
velar por nuestros intereses.
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